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El PP exige que se paralice el conscurso de gestión de la zona de zaza de Urdaibai (El Correo, Ekaina, 2007)
El PP de Vizcaya ha solicitado a la Diputación que paralice el concurso para otorgar la gestión de la zona de caza controlada de Urdaibai -la más grande del territorio con 22.000 hectáreas- que se prevé poner en marcha a partir de octubre. Los populares opinan que «huele a adjudicación previa a la convocatoria».
El apoderado elect o de los populares en Juntas Generales Arturo Aldecoa ha denunciado, además, lo que califica como «oscura gestión» foral en la aprobación y puesta en marcha de este plan de actuación en la reserva. «Unos días más tarde de que apareciera en prensa un representante del colectivo Txindorra Heiza Kirol Elkartea, como futuro gestor de la zona de caza, se convoca en el Boletín Oficial de Vizcaya el concurso público para su adjudicación, restringiendo el acceso a los que integren alguna de las sociedades de cazadores colaboradoras», señaló Aldecoa.
Por ello, «lo primero que salta a la vista es que alguien tiene las cosas muy seguras y el concurso está resuelto antes de empezar», recalcó. Respecto al plan de ordenación cinegética aprobado por el Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai en diciembre pasado, un año después de lo previsto, el PP apunta que «no lo conocen ni los afectados ni las organizaciones sociales».
«Parece lógico que puesto que esta zona de caza regulada se crea en un área en la que el 94% de los terrenos son privados, los propietarios debieran haber sido consultados sobre el mismo a fin de compatibilizar sus explotaciones con el ejercicio de la caza, ya que no se debe olvidar que este es uno más de los recursos renovables ligados a la gestión de la tierra y los montes», destacó Aldecoa.
Por todo ello, el PP exige que se paralice el proceso de adjudicación de la gestión hasta que se cumpla con lo establecido en la Ley 27/2006 de derecho de acceso a la información en materia medioambiental y los interesados conozcan el plan de ordenación cinegética, el informe de evaluación de impacto ambiental y los acuerdos adoptados, así como que «se recoja la opinión de los propietarios de los terrenos en los que se va a llevar a efecto el ejercicio de la caza».
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